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Por Arturo Trinelli *

El próximo gobierno podrá optar por reprimarizar aún más la economía a través de la exportación de recursos naturales o sentar las bases para el desarrollo industrial.

El Gobierno promocionó como un logro histórico haber despachado el primer embarque de gas licuado en la historia del país, que zarpó desde el puerto de Bahía Blanca con gas proveniente de Vaca Muerta. Se trata del primer proyecto flotante de exportación de GNL en América latina y el tercero en el mundo, que de continuar a mayor escala podría convertir a la Argentina en un jugador de este negocio a nivel internacional, sumándose a países actualmente exportadores como son Malasia, Qatar, Nigeria y Rusia, entre otros.

La premisa se basa en un supuesto: que en Argentina el autoabastecimiento estará garantizado más temprano que tarde por el excedente de gas que generará Vaca Muerta, cuando 32 de los 40 proyectos que hay en curso entren en proceso de desarrollo masivo. En tanto se trata de un trayecto de mediano plazo que requiere de sostenidas inversiones, parece razonable la búsqueda de mercados para volcar la producción frente a la imposibilidad de almacenarla. Sin embargo, por debajo del aprovechamiento político que se pretenda hacer, cabe señalar algunas cuestiones:

Aquello que se destaca como una diferencia central entre esta gestión y la anterior es en realidad consecuencia de los esfuerzos realizados por YPF durante el kirchnerismo. En ese período se destinaron ingentes inversiones en exploración e infraestructura para consolidar la mayor oferta de hoy y la que se incrementará a futuro, además de realizar la necesaria curva de aprendizaje tras la cual otras grandes compañías se sumaron al play neuquino. Como siempre ocurre en estas grandes agendas de desarrollo, es el Estado en forma directa o mediante sus empresas públicas el mayor tomador de riesgo y el que genera las condiciones para el posterior desembolso e innovación de los privados, aunque luego estos despotriquen contra el intervencionismo estatal.


El contexto actual está marcado por una impresionante pulverización del poder adquisitivo del salario. El tarifazo y la persistente caída de la actividad económica redujo la demanda de energía eléctrica (más de un 30 por ciento del gas producido se destina a usinas térmicas). En efecto, datos recientes de CAMMESA revelan que desde el 2016 la demanda eléctrica se ha contraído año tras año, cayendo el último nada menos que en un 8,8 por ciento. Durante la gestión anterior, afrontar prolongados picos de demanda obligaba a recortar suministro a las industrias para garantizar el despacho a usuarios residenciales. Este Gobierno no enfrenta ese dilema: con la producción manufacturera en mínimos históricos (sólo en los primeros 4 meses del año registró una caída del 9 por ciento), la combinación de facturas impagables con subsidios a la producción permitió rápidamente contar con una mayor oferta para exportar a otros mercados.


En ese marco, se han precipitado decisiones en materia de importación de gas que podrían complicar el abastecimiento en los meses de invierno, obligando a la compra en el mercado spot a un mayor precio para satisfacer la demanda. La renegociación a la baja del contrato de suministro con Bolivia y haber despachado la terminal marítima de Bahía Blanca podrían comprometer las fuentes de aprovisionamiento para el abastecimiento de la demanda interna en el caso de prolongadas temperaturas por debajo del promedio de invierno.


En el largo plazo, Argentina debería reconsiderar si las inversiones destinadas a la producción de gas no colisionan con la idea de diversificar la matriz energética para aumentar la incidencia de fuentes renovables, en sintonía con muchos de los países desarrollados y con la propia legislación argentina que obliga a aumentar del 4 por ciento actual al 25 por ciento en 6 años.

La política hidrocarburífera no debe quedar marcada por la grieta tan explícita que se observa en otras asignaturas de preocupación nacional. La agenda de desarrollo a discutir tiene que previamente identificar quiénes serán sus principales actores y consensuar sus más importantes beneficiarios, debatiendo para qué queremos energía y si la vamos a producir para consagrar derechos o como una mera mercancía más.

* Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (CEDEP). Docente UBA, FLACSO y UNPaz.