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Una pericia elaborada por técnicos del Senado a pedido de la defensa de Dilma Rousseff indicó que hay pruebas de que la suspendida presidenta actuó directamente en la edición de dos decretos de crédito sin autorización del Congreso, pero no se identificó una acción directa para atrasar los pagos del gobierno a bancos públicos, práctica conocida como “pedaleo fiscal”.

 

 

La edición de los decretos sin autorización del Congreso fundamentó el pedido de impeachment que apartó a Dilma del Palacio del Planalto.

 

En un informe de 223 páginas los auditores dijeron que hubo irregularidades en la liberación de créditos sin permiso legislativo y en atrasos en pagos de subsidios de bancos públicos al Plan Safra de financiamiento al sector agrícola.

 

La pericia fue realizada sobre informes del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y con autorización del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

 

La defensa de la mandataria afirma que no era necesario el permiso del Congreso para dictar los cuestionados decretos.